En resumen, Ruiz Molina ha dicho que es un proyecto de ley que afecta a ámbitos muy diferentes de la Administración regional y que tiene como finalidad reforzar los servicios públicos que se prestan, así como dar una mayor seguridad jurídica a las actuaciones. Un proyecto de ley que pone de manifiesto que es posible traerlo a esta Cámara dado el “clima de estabilidad política” del que gozamos en Castilla-La Mancha y que permite desarrollar una intensa actividad legislativa. Con esto, ha apelado al sentido común de la oposición para apoyar el proyecto de ley cuyas disposiciones están dirigidas al “beneficio general de nuestra comunidad autónoma y, por consiguiente, del conjunto de la ciudadanía”.