El Gobierno regional aboga por la tecnología como elemento para acercar servicios públicos y garantizar derechos entre la infancia
El Gobierno regional aboga por la tecnología como elemento para acercar servicios públicos y garantizar derechos entre la infancia
Toledo, 16 de julio de 2024.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado por la tecnología como elemento para acercar los servicios públicos y garantizar derechos en la sociedad en su conjunto y el derecho a jugar especialmente entre la infancia. Así lo ha puesto de manifiesto el viceconsejero de Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo; durante su asistencia a la firma del convenio de colaboración para dar continuidad al proyecto ‘Jugar es obligatorio’, que han suscrito el rector de la UCLM, José Julián Garde; la directora de Relaciones Institucionales de Masorange, Nani Fernández; y la directora de La Fábrica de Palabras, Sol Solís; que tiene como finalidad la investigación para la adaptación de juguetes accesibles, una realidad que desde 2022 ha llegado a 1.800 niños y niñas. En este sentido, ha puesto en valor los buenos frutos que siempre da la colaboración público-privada, como este caso o el que se materializa en el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), donde se pone en marcha la tecnología con el objetivo de garantizar la igualdad en cuanto al acceso, independientemente de donde se viva o los condicionantes socioeconómicos. Morejudo ha insistido en que el juego es un derecho para la infancia como lo es la educación pública y universal, área en el que el Gobierno regional está poniendo todo el empeño e invirtiendo todos los recursos económicos y humanos posibles para que la tecnología también sea un facilitador y habilitador de igualdad de oportunidades. En aras de una sociedad más igualitaria e inclusiva, el viceconsejero se ha referido a los más de 47 millones de euros invertidos en Aulas Digitales en los colegios públicos de la región, el desarrollo de la plataforma EducamosCLM, con la premisa del derecho a una educación pública incluso en un entorno de no presencialidad y garantizando la protección y privacidad de los datos de los menores, o los más de 7,2 millones de euros para reducir la brecha digital en las aulas.