El Parlamento regional aprobó también, con los votos del PSOE e Izquierda de Castilla-La Mancha (ICAM), una resolución en la que consideran "plenamente ajustadas a la legalidad" las actuaciones desarrolladas por las administraciones central y regional en la selección y puesta en marcha de los programas europeos de desarrollo rural Leader II y Proder en Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional ha recibido esta mañana el apoyo unánime de las Cortes de Castilla-La Mancha al recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 30 de septiembre contra las nuevas tarifas del acueducto Tajo-Segura, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 6 de junio.

Las Cortes regionales consideran que las nuevas tarifas, que fueron publicadas en el BOE el pasado 1 de agosto, son "contrarias a los intereses de la región, injustas y claramente discriminatorias", además de no ajustarse al ordenamiento jurídico. Por estos motivos, los parlamentarios castellano-manchegos solicitan al Gobierno central que anule el citado acuerdo y tengan en cuenta las alegaciones que formuló en su momento la Junta de Comunidades.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, durante su intervención en el pleno, recordó que las nuevas tarifas aprobadas por el Ejecutivo central son las mismas que el pasado mes de abril se propusieron en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y contra las que el Gobierno regional presentó diez alegaciones que no han sido tenidas en cuenta.

Alonso explicó que entre las causas para recurrir este acuerdo destacan tres: el establecimiento de una tarifa para las aguas derivadas desde el trasvase a Los Llanos de Albacete, el establecimiento de una tarifa más alta para las aguas que se deriven a la cuenca alta del Guadiana que para aquellas que se trasvasan al Segura y la aplicación de unos índices de revisión de precios incorrectos.

Respecto a las aguas trasvasadas a los Llanos, el Ejecutivo regional considera que esta tarifa no debe ser imputada a Castilla-La Mancha, como se pretende, sino a los usuarios del trasvase en la cuenca del Segura, ya que son ellos los beneficiarios de las aguas que se filtran en el túnel del Talave.

En opinión del Gobierno autónomo, se ha fijado una tarifa para las aguas que se deriven a la cuenca alta del Guadiana discriminatoria con respecto a la establecidad para la cuenca del Segura y, además, se ha tomado esta decisión cuando aún no existe ninguna previsión sobre el comienzo de las obras que permitan este trasvase.

Sobre los índices de revisión de precios, el Ejecutivo considera que se han aplicado unos índices erróneos -de junio del 95 cuando hay otros posteriores- que perjudican a Castilla-La Mancha, ya que las tarifas que deben abonar los usuarios del trasvase quedan infravaloradas.

Alejandro Alonso señaló que "parece que quien haya calculado las tarifas quiere que Castilla-La Mancha pague más caro que otras regiones por los recursos hídricos que reciba y que, además, tenga una compensación económica menor por el agua que cede".

Leader II y Proder

Por otra parte, las Cortes regionales aprobaron otra resolución en la que consideran "plenamente ajustadas a la legalidad" las actuaciones desarrolladas por las administraciones central y regional en la selección y puesta en marcha de los programas europeos de desarrollo rural Proder y Leader II en Castilla-La Mancha.

En la resolución, que fue aprobada con los votos del PSOE e ICAM, se rechazaron también las actitudes de "algunos dirigentes del PP -en referencia al presidente provincial de Ciudad Real, Fernando Rodrigo,- que pretenden que no sean aplicados programas de desarrollo rural en municipios no gobernados por esta formación política, con un planteamiento claramente partidista y de clientelismo político de los Proder, que resulta inadmisible".

Precisamente en relación con la carta enviada por el "popular" Fernando Rodrigo a la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, quejándose del reparto de los Proder y señalándo que éste beneficiaba a los municipios socialistas en detrimento de los del PP, el consejero de Agricultura criticó duramente al Partido Popular por no haber descalificado este escrito que "podríamos, con buena voluntad, haber considerado como el error de un individuo".

Tras pedir sin éxito al Grupo Parlamentario Popular que rectificase, el consejero aseguró que la decisión del máximo órgano del PP de apoyar esta carta "les descalifica y demuestra claramente su sectarismo político", así como quiénes son realmente los que buscan una distribución partidista de los fondos procedentes del Proder.