Éste fue el principal compromiso que adquirió el director general de la Función Pública, Ricardo Navarro, durante la reunión que mantuvo, la semana pasada en Vitoria, la Comisión de Coordinación de la Función Pública, formada por los responsables autonómicos en materia de Personal y representantes del Ministerio de Administraciones Públicas.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con la de Extremadura, elaborará un proyecto para que la movilidad del personal laboral entre las distintas administraciones públicas sea una realidad en todo el territorio nacional y no sólo en ambas autonomías, como sucede en la actualidad.

Éste es uno de los principales compromisos adquiridos por el director general de la Función Pública, Ricardo Navarro, en la reunión que mantuvo, la semana pasada en Vitoria, la Comisión de Coordinación de la Función Pública, de la que forman parte los responsables autonómicos en materia de Personal y representantes del Ministerio de Administraciones Públicas.

Este proyecto será estudiado por las comunidades autónomas en la próxima reunión que mantendrá la Comisión de Coordinación de la Función Pública. Ricardo Navarro explicó que el traslado de empleados entre distintas administraciones "tiene un especial calado social, ya que resuelve muchos problemas personales de los empleados cuando sufren una obligada separación familiar por motivo de trabajo".

El actual convenio colectivo para el personal laboral de la Junta permite el ingreso de trabajadores de otras administraciones, con una limitación del 2% de las plazas que vayan a ser convocadas para este colectivo.

Tal posibilidad, sin embargo, sólo se podrá ejecutar cuando la Administración de origen tenga regulado un sistema equivalente al de Castilla-La Mancha.

Hasta la fecha, sólo la Junta de Extremadura lo ha incluido en su último convenio colectivo de personal laboral y Ricardo Navarro espera que con el proyecto que elaboren ambas administraciones la movilidad entre trabajadores de distintas administraciones sea una realidad en todas las autonomías.

Otro de los acuerdos alcanzados en Vitoria fue la participación de Castilla-La Mancha en una comisión de trabajo que elaborará una metodología para publicar un estudio comparado de las distintas administraciones públicas autonómicas.

El director general de la Función Pública explicó que el estudio "permitirá a las comunidades poseer un índice completo de la legislación e iniciativas en materia de Personal que se ejecutan en cada Administración regional, lo que redundará en un mayor conocimiento de este área y un intercambio más eficaz de ideas y experiencias entre las distintas autonomías".