El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, tras explicar la problemática situación de estos aprovechamientos debido a los desfases jurídicos y funcionales de las normas que los regulan -la Ley data de 1938-, manifestó la "absoluta necesidad" de que exista un consenso en la nueva norma que se establezca y cuente, así, con un respaldo político y social.

Los grupos parlamentarios de las Cortes regionales y el Gobierno regional manifestaron hoy su voluntad de colaborar y trabajar unidos para consensuar una nueva normativa que regule los aprovechamientos de hierbas, pastos y rastrojeras en zonas de uso común y poder acabar así con la grave situación que han provocado los desfases jurídicos y funcionales de las normas que los regulan.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, que hoy compareció ante la Comisión de Fomento de las Cortes regionales para informar de éste y otros asuntos, explicó que la Ley de Pastos, Hierbas y Rastrojeras data de 1938 y el Reglamento que la desarrolla se promulgó en 1996.

Aunque el nuevo ordenamiento jurídico español dejó desfasadas ambas normas, los órganos creados por la regulación anterior han seguido funcionando. Todo ello ha obligado a ir emprendiendo actuaciones para resolver las situaciones que se presentaban como la adjudicación de aprovechamientos anuales, el cambio de adjudicatarios, los precios de tasación de los pastos y el fomento y la mejora de la ganadería.

Además de esto, se advierten también deficiencias en las posibles modificaciones de las ordenanzas de pastos y en la organización administrativa.

Según señaló el consejero, la desaparición de las cámaras agrarias locales viene a plantear más problemas, "por un lado, problemas de compatibilidad de esta norma con el artículo 33 de la Constitución relativo al derecho de la propiedad privada y, por otro, la legitimidad de los órganos que intervienen en estos aprovechamientos".

"Aunque agricultores, ganaderos y la Administración regional coincidimos en la necesidad de una normativa que regule esta caótica situación, nos encontramos con la dificultad de que cualquier decisión que se adopte en esta materia tendrá que conjugar la satisfacción de los intereses contrapuestos de los ganaderos extensivos y de los agricultores", puntualizó Alejandro Alonso, quien añadió que "por ello, es absolutamente imprescindible que exista un amplio consenso político".

El titular de Agricultura reconoció que su departamento había elaborado varios borradores de decretos reguladores de los aprovechamientos de superficies forrajeras, "pero no nos hemos decidido a remitirlos al Consejo de Gobierno porque la diversidad de situaciones y la diferente aplicación de las normas en cada provincia, nos ha llevado a pensar que se podrían crear todavía más conflictos si la norma no cuenta con el suficiente respaldo político y social".

En este sentido, Alejandro Alonso agradeció la disposición manifestada por los grupos parlamentarios para trabajar en la creación de una normativa de consenso y manifestó el compromiso de la Consejería de Agricultura a facilitar toda la información que esté en su mano para facilitar este acuerdo político.

Ley de Cámaras Agrarias

Por otra parte, la Comisión de Fomento de las Cortes fue informada sobre cómo se está desarrollando la aplicación de la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha, que fue aprobada el 27 de junio del año pasado.

Según explicó Alonso, la Ley establecía el mantenimiento de cinco cámaras de ámbito provincial, a las que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha subvencionado con 155 millones de pesetas para personal y gastos de funcionamiento, tal y como establecía la citada norma.

Asimismo y hasta que se constituyan los plenos de las Cámaras, elegidos por sufragio, se ha prorrogado el mandato de los actuales representantes. Como no existía este órgano de gobierno en Guadalajara y en Albacete habían dimitido sus miembros, lo que se ha hecho es nombrar comisiones gestoras en ambas provincias.

La Ley también establece la extinción de las cámaras agrarias de ámbito local, cuyo patrimonio se está inventariando para atribuirlo posteriormente a la respectiva Cámara provincial, que podrá hacer cesiones de uso y disfrute de acuerdo con un interés general agrario del municipio.

Según señaló el consejero, hasta el momento se han finalizado los inventarios en Guadalajara y Toledo, están prácticamente concluidos en Albacete y se están realizando en Cuenca y Ciudad Real.

Por otra parte, el consejero informó también a la Comisión parlamentaria sobre las inversiones realizadas en los montes de utilidad pública durante el período 94-97, así como la situación del Plan de Recuperación del Viñedo.

Sobre la primera cuestión, el consejero recordó que la superficie de montes declarados de utilidad pública en Castilla-La Mancha asciende a 791.000 hectáreas, extensión que representa el 10% del territorio regional y el 22% de la superficie forestal. Las inversiones realizadas por la Consejería en el período 94-97 ascienden a 7.624 millones de pesetas que se han destinado a financiar actuaciones de tratamientos preventivos y obras de infraestructura en la prevención de incendios; tratamientos de plagas; lucha contra la erosión; espacios naturales protegidos; y fomento para la creación y revalorización de los bosques.

Por último y con respecto al Plan del Viñedo, el consejero recordó que se han presentado un total de 149 proyectos que permitirán que cerca de 10.000 agricultores de la región recuperen y mejoren cerca de 39.000 hectáreas de viñedo.

Asimismo, Alonso reiteró que el próximo mes de enero se abrirá un nuevo plazo para que los viticultores que lo deseen puedan acogerse a este Plan que, según el consejero, es una oportunidad histórica para el desarrollo de la viticultura y la enología de la región.