El lunes se celebra en Palma de Mallorca la IV Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, que reúne a los consejeros de Trabajo de todas las comunidades autónomas con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Tras pedir por escrito al ministro una reunión para iniciar el proceso de transferencias a Castilla-La Mancha de las políticas activas de empleo que gestiona actualmente el INEM, el consejero de Industria y Trabajo, Fernando Sánchez Bódalo, ha anunciado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha mostrado su voluntad de que este asunto se debata en la Conferencia sectorial de Asuntos Laborales que se celebrará el próximo lunes en Palma de Mallorca.

Sánchez Bódalo ha señalado que la inclusión de este punto en el orden del día se debe no sólo al escrito remitido al ministro, sino también a la presión ejercida de forma explícita desde Castilla-La Mancha y Extremadura y de forma implícita desde comunidades gobernadas por el PP.

El consejero de Industria ha pedido que el proceso de negociación de transferencias sea único, abierto y transparente "porque pudiera ocurrir que a través de negociaciones bilaterales fraccionásemos el mercado de trabajo del Estado español, algo que no se puede fraccionar de ninguna de las maneras".

"Las comunidades del artículo 143 planteamos que un modelo único como había en el Estado español de gestión de políticas de empleo no se puede desmembrar en negociaciones bilaterales", ha añadido el consejero.

Sánchez Bódalo ha señalado que la Comunidad Autónoma está dispuesta a asumir todas las políticas activas de empleo que actualmente gestionan comunidades como Cataluña y Galicia.

Entre estas políticas activas se encuentran los planes de formación a través de las casas de oficios, las escuelas-taller y los agentes de desarrollo local.

"No podríamos asumir las políticas pasivas, que son aquellas referidas al reconocimiento de prestaciones y pago de prestaciones y política general de planificación económica por ser competencias exclusivas del Estado", ha señalado el consejero.

En una primera aproximación, según datos facilitados por Sánchez Bódalo, el traspaso de estas políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma deberían venir acompañadas de un traspaso mínimo de 15.000 millones de pesetas al año y supondría un traspaso de unos 500 funcionarios.