En una democracia institucionalmente sólida y socialmente consolidada como la española defender los valores democráticos y su efectivo ejercicio en condiciones de paz y seguridad es un deber cívico colectivo. Por lo tanto, desde nuestra Vicepresidencia estamos llevando a cabo una labor esencial en tema de prevención de todos tipos de procesos de radicalización que puedan interferir con la defensa del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y de la igualdad ante la ley.
La prevención de los procesos de radicalización constituye una prioridad fundamental tanto en el ámbito global, como en el de las políticas de la Unión y, consecuentemente, también en nuestro país. La prevención de todos tipos de radicalización, como aclara la Unión Europea, es una prioridad y hay que abordarla desde un enfoque holístico y multidisciplinar afrontando las causas profundas que pueden llevar a la misma, que sean de tipo cultural, económico, social y político.
Las instituciones  - europeas, nacionales y locales - con las que nos hemos reunido a lo largo estos meses, han destacado la importancia de elaborar políticas globales basadas en un enfoque transectorial entre diferentes ámbitos como la cultura, el empleo, la educación, los deportes y las políticas de bienestar social, así como subrayaron la importancia de abrir canales de actuación en materia de protección de la diversidad y de la pluralidad, la inclusión social y los valores fundamentales comunes a nivel europeo, nacional, regional y local.
Toda la labor nos ha llevado a identificar un denominador común para la prevención de los procesos de radicalización al que todas las instituciones  se han referido: la educación. La importancia de la educación juega un papel fundamental para la construcción de nuestra democracia, de la ciudadanía activa y de la cultura política democrática, así como de los valores que son el fundamento de la Unión Europea: Estado de Derecho, igualdad, libertad y tolerancia.
A partir de esta labor de recopilación de directrices, buenas prácticas y experiencias europeas y nacionales, hemos abierto un proceso participativo para la aprobación Plan General de Prevención de la Radicalización Violenta en consonancia con las directrices a adoptar en dicha materia y al que todas las fuerzas políticas, entidades del tercer sector, entidades religiosas que forman parte de nuestro tejido social, puedan sumarse.
En esta página pueden consultar el texto del compromiso para el Acuerdo Estratégico para la Paz y la Convivencia en Castilla-La Mancha que ha sido transmitido a las entidades de nuestra región.