Toledo, 25 de febrero de 2016.- La Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, instará “al próximo Gobierno de la Nación a que aporte las necesidades presupuestarias” al Sistema Nacional de Dependencia y que revise la Ley 39/2006 que lo regula, “para garantizar la igualdad de los ciudadanos y por la cohesión territorial”.
 
La consejera ha recordado en su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha que más de un millón de personas (el 2,64 por ciento de la población en España) se encuentra en situación de Dependencia y que en la región más de 63.000 personas (el 3,09 por ciento de la población de Castilla-La Mancha) se encuentra en situación de Dependencia.
 
A pesar del número creciente de personas con grado de dependencia reconocido en nuestra región, la aportación del Gobierno de España a la financiación del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia ha descendido desde los 94.596.416,81 euros de 2010 hasta los 60.452.653,31 euros de 2014 y los 57.397.771,33 euros de 2015. Con el agravante de que el llamado “nivel acordado”, situado en 2010 en 15.818.447 euros, desapareció por completo desde 2012.
 
Al mismo tiempo, la aportación económica de los usuarios de la dependencia ha ido aumentando progresivamente hasta superar a la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar el Sistema. Así actualmente, “de cada 100 euros gastados en atenciones, 63 euros lo aportan las Comunidades Autónomas, 19 euros lo aportan los usuarios y 18 euros la Administración Central”, ha indicado Aurelia Sánchez. 
 
La consejera ha identificado el inicio de los “recortes” con la Ley 20/2012 y el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la “Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad”, que ha tenido tal incidencia sobre la pervivencia del sistema de dependencia, según la consejera, que “ha llegado a ser calificada como un verdadero instrumento de destrucción del Sistema”, no permitiendo mejorar su gestión en ningún aspecto y ocasionando “menos beneficiarios, menos dictámenes, menos solicitudes, menos grandes dependientes atendidos, menos dependientes severos atendidos y menos financiación. Sí por el contrario ha logrado incrementar más pérdidas de empleos en el sector, más personas fallecidas sin acceder a las ayudas y un mayor ritmo en el desmantelamiento del Sistema”.
 
Presupuesto del Estado insuficiente en 2016
En los presupuestos para Dependencia previstos por el Gobierno de la Nación para este año de 2016, la partida destinada a la atención a la dependencia “demuestra, sin ningún tipo de duda, que el Partido Popular, aunque esté en funciones, tiene muy claro que las personas en situación de dependencia no van a ser atendidas con sus recursos”, añade Aurelia Sánchez.
 
Aumentar en un 6,4 por ciento la partida dedicada a este colectivo, “pone de manifiesto, de forma clara, que no tiene intención de incorporar al Sistema a los dependientes de Grado I. Efectivamente, apenas experimenta un ligero incremento que no alcanza los 75 millones de euros. Los 1.162 millones presupuestados para atender a los nuevos dependientes no pueden satisfacer las necesidades, puesto que hay más de 445.000 personas con derecho reconocido que aún esperan una ayuda, en el limbo de la dependencia”, añade la titular de la consejería de Bienestar Social.
 
La consejera ha propuesto “trabajar conjuntamente durante esta Legislatura para lograr establecer normativamente la obligatoriedad de mantener la tasa de reposición de usuarios del Sistema, permitiendo garantizar un conveniente equilibrio entre quienes salen y entran a los recursos del mismo”.
 
Por todo ello, la consejera ha informado a los diputados de los grupos parlamentarios en las Cortes de la próxima “elaboración de una iniciativa autonómica dirigida a propiciar la modificación por el próximo Gobierno de la Nación de la Ley 39/2006 en el sentido antes expuesto”, una iniciativa encomendando al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “la elaboración de propuestas de normativa básica que garanticen la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de políticas de cohesión social interterritorial”.