De conformidad con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas, con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
 
Los ciudadanos y las entidades que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados, desde hoy día 3 de Octubre de 2017, fecha en la que se publica en la web, hasta el día 23 de Octubre de 2017, a través del siguiente buzón de correo electrónico: participa.ma@jccm.es
 

1. Antecedente de la futura ley

 
Esta Ley no tiene antecedentes. Es absolutamente novedosa y trata de llevar a nuestro ordenamiento jurídico los principios de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2 de diciembre de 2015, titulado Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular. La Comisión Europea justifica un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en la transición a una economía más circular, sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva, donde se utilicen y valoricen los productos, materiales y recursos de modo más sostenible y se mantengan en la economía el mayor tiempo posibles, reduciendo al mínimo la generación de los residuos y siendo más eficiente en el uso de los recursos.
 

2. Problemas que se pretende solucionar con la nueva ley.

 
La nueva Ley pretende incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo de la región, y trata de dar soluciones a los siguientes problemas:
 

• Gestión eficiente de los recursos naturales (agua, suelo, servicios ecosistémicos y diversidad biológica, energía, etc.).
• Proceso de producción (diseño del producto, información, etc.).
• Consumo (economía colaborativa y consumo responsable)
• Gestión de residuos (mercado de materias primas secundarias, plásticos, residuos de alimentos, residuos de construcción y demolición, biomasa, bioproductos y biomateriales).
• Innovación, inversión y financiación (compra pública innovadora, modelos de negocio, etc.).
• Fiscalidad ambiental, fianzas y seguro o garantía financiera equivalente.

 
La Ley, por lo tanto, tendrá como ejes de actuación los siguientes:
 

• Diseño y producción
• Consumo
• Gestión de residuos
• Mercado secundario de materias primas
• Investigación, desarrollo, innovación e inversión.

3. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

 
La elaboración de la Ley es un compromiso de gobierno necesaria, no solo para completar determinados vacíos competenciales que no tenían soporte legal en nuestro ordenamiento jurídico, sino para regular aquellos los sectores afectados por la economía circular que permita reintroducir en el sistema productivo los recursos que en la actualidad son desechados. Esta iniciativa sería pionera en el estado español siendo la primera comunidad que aborda su regulación con rango de ley.
 

4. Objetivos de la futura Ley.

 
El objetivo de la Ley es incorporar al ordenamiento jurídico de la región los principios de la economía circular en distintos sectores, impulsar la competitividad y el crecimiento económico, crear empleo y favorecer el desarrollo sostenible, y servir para la lucha contra el cambio climático y promover la economía hipocarbónica.
 
También serán objetivos de la Ley los siguientes:
 

• Promover un desarrollo económico sostenible capaz de generar empleo de calidad.
• Minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente por medio de una gestión eficiente y sostenible de los recursos.
• Contribuir a la lucha contra el cambio climático fomentando la transición hacia una economía hipocarbónica y competitiva en el uso de los recursos.
• Reducir la generación de residuos y su carga contaminante, fomentando la prevención en origen, tratando de desmaterializar la economía y desvinculando el crecimiento económico del consumo de recursos.
• Promover la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias y desincentivar la generación de residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo.
• Favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo evitando la degradación o pérdida de los mismos.
• Favorecer la convergencia hacia el “mínimo vertido”, eliminando progresivamente el depósito controlado de residuos.
• Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los ámbitos de la economía circular, sobre todo en aquellos sectores prioritarios de la economía castellanomanchega.
• Promover la información, la participación y la concienciación, fomentando una cultura de la corresponsabilidad ambiental en el comportamiento diario de los ciudadanos y de las administraciones.
• Mejorar la calidad, transparencia y la accesibilidad de la información al ciudadano.

Posibles soluciones alternativas.
 
No existen soluciones alternativas legales a esta propuesta, ya que la regulación global de la economía circular debe abordarse mediante ley y desarrollarse mediante un Plan Estratégico de Economía Circular.