El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye, en su artículo 31.1.32ª, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la competencia exclusiva en materia de coordinación de las Policías Locales “sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad municipal”.
 
En su virtud, se aprobó la primera Ley 2/1987, de 7 de abril, de coordinación de Policías Locales en Castilla-La Mancha y, después, la vigente Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, dictadas ambas en el marco de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la regulación básica en materia de régimen local.
 
Posteriormente, mediante Decreto 110/2006, de 17 de octubre, se aprobó el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
 
El Título II de dicho Reglamento regula el régimen estatutario del personal perteneciente a los cuerpos de policía local, conteniendo su Capítulo II las normas relativas al acceso a los cuerpos de policía local, tanto por turno libre como por promoción interna y su Capítulo VII la regulación de la segunda actividad, como modalidad de la situación de servicio activo de los policías locales.
 
Dentro del mismo, el presente Decreto reduce la estatura exigida a las mujeres en el artículo 77 a 1,60 metros, para el acceso a las categorías de policía y oficial.
 
Asimismo, el Decreto modifica el apartado 1 del artículo 113, estableciendo que pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios que tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño de la función policial que corresponda a la escala y categoría que ostenten, siempre que dichas disminuciones funcionales se prevean permanentes, o cuya curación no se estime posible dentro de los periodos de invalidez temporal establecidos en la normativa vigente, y que, a su vez, no sean constitutivas de invalidez permanente.