El Plan de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores consiste en el desarrollo de programas destinados a ofrecer al menor que comete infracciones una mayor responsabilización sobre los cambios producidos en sus propias circunstancias, considerando las posibilidades y características de cada uno de ellos. Se establece una clara individualización entre la intervención educativa y la función sancionadora, buscando mediante la ejecución de las medidas judiciales un equilibrio entre los hechos cometidos, las circunstancias y personalidad del implicado y las consecuencias dictaminadas.
El Plan de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores se encarga de la ejecución de medidas judiciales y extrajudiciales impuestas desde los Juzgados de Menores a menores que han cometido algún hecho tipificado como infracción o delito, de acuerdo a la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Para el desarrollo de las competencias en materia de menores que cometen actos delictivos, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuenta con una amplia red de recursos, tanto propios como convenidos con distintas Entidades, para así dar cobertura a los distintos programas de intervención. Para ello, el Equipo de profesionales especializados, formados en cada provincia por un Coordinador de Equipo de Ejecución de Medidas y Técnicos de Atención al Menor, se encarga de la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales en el medio comunitario, siendo el resto de Equipos convenidos y propios los encargados de llevar a cabo las medidas judiciales de internamiento en sus distintos regímenes (cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico y fin de semana).
Los objetivos principales de intervención del Plan, como apoyo a menores que comenten actos delictivos, son:
Los objetivos principales programados respecto al Menor que comete infracciones son:
Para el desarrollo del Plan de Menores sujetos a medidas judiciales, la Dirección General de Familia a través de los Equipos de Menores en Conflicto Social, y en coordinación directa con los Juzgados de Menores y Fiscalía de cada una de las provincias, elabora diferentes programas que tratan de establecer los objetivos y las actuaciones necesarias para ejecutar las medidas judiciales impuestas, en base a los principios marcados por la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla la Mancha.