Acuerdos del Consejo de Gobierno 21 de diciembre de 2020

El Consejo de Gobierno ha acordado aprobar el Decreto por el que se por el que se regulan ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el COVID-19”. 

El Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, así como a la incorporación de familiares colaboradores, afectados por la crisis económica que ha ocasionado el COVID-19, siendo su finalidad favorecer el autoempleo y el mantenimiento de la actividad emprendedora para la reactivación de la actividad económica en nuestra región, en este periodo de crisis sanitaria y económica. 

Las subvenciones se articulan a través de dos líneas de subvención: 

Línea 1:  Subvenciones destinadas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, cuyo objeto es impulsar y mantener el empleo por cuenta propia, compensando los gastos de inicio y mantenimiento de la actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora. 

Línea 2: Subvenciones al familiar colaborador del titular de la empresa, fomentando la inserción laboral de familiares de la persona trabajadora autónoma principal, mediante la prestación de servicios en el negocio familiar. 

La cuantía de la subvención para la línea 1 y 2,  será de 3000 euros para cada persona beneficiaria.  

Esta cuantía se incrementará en un 20%, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017 , de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI), de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación, así como en el territorio de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha. 

Las subvenciones se otorgarán en régimen de concesión directa,y para las mismas se destinará un crédito para el año 2021, que asciende a la cantidad de 1.900.000 euros, que se financiarán con la distribución territorializada de los fondos finalistas realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Enlaces relacionados:

Decreto 83/2020, de 21 de diciembre, por el que se regulan ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el COVID-19.

Mediante acuerdos del Consejo de Gobierno, de fecha 14 de julio de 2009 y 18 de mayo de 2010, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cedió gratuitamente al Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real), el silo de almacenamiento de cereales, con destino que se concreta en la construcción de un centro cívico, en el patio anexo al silo, así como ejecutar un salón multifuncional para fines sociales y culturales en una de las naves del inmueble, quedando las otras dos naves como almacén de maquinaria y materiales. Se acuerda la modificación de la cesión, incorporando una nueva finalidad o destino al citado inmueble señalado anteriormente. 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este contexto, el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19,  estableció en su artículo 10 la procedencia de aplicar la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), a todos aquellos contratos que hubieran de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público para hacer frente al COVID-19. 

La aplicación de dicho régimen excepcional habilita a los órganos de contratación a contratar todo lo necesario para hacer frente al COVID-19 sin obligación de tramitar expediente de contratación ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP. 

Al amparo de ello, desde 13 de octubre y hasta el 12 de diciembre de 2020 las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por la Consejería de Sanidad para hacer frente, en el ámbito de sus competencias, al COVID-19, ascienden a 883.396,73 €. 

En los municipios del medio rural de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, únicamente el SESCAM dispone de los medios necesarios para la prestación de los servicios de atención primaria que los mutualistas y demás beneficiarios de las citadas Mutualidades precisen.  

La ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por estas Mutualidades, que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades y, en caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado al pago. 

Por este motivo, las Mutualidades han venido formalizando convenios de colaboración desde el año 2002 con el SESCAM, con sucesivas prórrogas, finalizando la vigencia del Convenio actual el 31 de diciembre de 2020, por lo que se hace necesario suscribir este convenios con el mismo objeto, es decir, para la prestación de servicios sanitarios de Atención Primaria en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Con fecha 23 de julio de 2020, la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo Segura autoriza un trasvase desde los Embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 38 hm³ para el mes de julio de 2020, en aplicación de las Reglas de Explotación del Trasvase-Tajo Segura, establecidas por Real Decreto 773/2014. 

Interpuesto por la Agencia del Agua requerimiento previo de anulación contra el referido acuerdo y no habiéndose obtenido respuesta alguna, debe entenderse rechazado, de conformidad con el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 134 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (LJCA). 

Se considera que este acuerdo el Acuerdo de la Comisión Central de Explotación es arbitrario ya que se basa en datos sesgados de la confederación hidrográfica del Tajo y que no se atienen al principio de transparencia, que la curva que separa los niveles 2 y 3 de la regla de explotación se ha establecido para un supuesto, es contrario al principio de prioridad de la cuenca cedente y que las reglas de explotación del trasvase que establece el Real Decreto 773/2014 son contrarias al objetivo de estabilizar los suministros y minimizar la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales que establece la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de Julio. 

Asimismo, se propone impugnar mediante recurso indirecto el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, toda vez que el citado acuerdo es un acto de aplicación del mismo, conforme requiere el artículo 26 de la LJCA, ya que este Real Decreto contiene las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en las que se aprecian errores u omisiones existentes que suponen el incumplimiento de la legislación en la materia, siendo el más destacado el de la ausencia de un régimen de caudales ecológicos en el Rio Tajo que permita lograr el buen estado ecológico de las masas de agua contraviniendo el derecho comunitario, a saber, la Directiva Marco de Agua, las restricciones medioambientales previas previstas en el artículo 12.2 del Plan Hidrológico Nacional e incumpliendo asimismo el objetivo único de la Ley 21/2015, de 20 de julio. 

La necesidad principal para efectuar este programa temporal se basa en el cumplimiento de los plazos límite para la gestión, seguimiento y control de las ayudas convocadas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, implementadas por parte de la Dirección General de Políticas Agroambientales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Una sobrecarga en el volumen que implica la gestión, resolución y reconocimiento de las obligaciones de las ayudas comunitarias cofinanciadas con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), así como las condiciones excepcionales vividas a causa del COVID-19, justifican la necesidad del programa temporal. 
 
Este programa temporal será de 24 meses, a iniciar el 1 de enero de 2021 hasta 31 de diciembre de 2022 y se financiará con fondos finalistas conforme al Reglamento (UE) nº1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), estando prevista su cofinanciación a través del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, aprobado mediante Decisión C(2015) 7561 final de 30 de octubre de 2015, de la Comisión Europea.

Con fecha 16 de junio de 2015 se firmó acuerdo entre la Consejería de Agricultura y TRAGSA para la encomienda de ejecución de las obras del Proyecto de “apertura de trazas y construcción de obras de fábrica en los caminos de la concentración parcelaria de Finca Montalbán en los términos municipales de Gálvez y Puebla de Montalbán en los términos municipales de Gálvez y Puebla de Montalbán (Toledo)”, que se realizarán conforme al proyecto aprobado.  

El presupuesto de la obra encomendada ascendía a 376.512,18 €, previéndose un plazo de ejecución de 6 meses a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, que se suscribió el 14 de julio de 2015. 

La cláusula duodécima reconocía el derecho al abono de las obras realmente ejecutadas, mediante certificaciones periódicas que operan como pagos a cuenta y, por tanto, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se emitieron y abonaron cinco certificaciones por importe total de 368.769,40 €, restando por abonar la última certificación, por un importe de 39.422,15 €, que se compone de dos importes distintos, 7.742,78 €, que restaban de la cantidad inicialmente comprometida, y 31.679,37 €, por el exceso de medición y adicional al gasto inicial, sin que existiera crédito en la encomienda originaria para asumir el gasto derivado de la misma.  

Teniendo en cuenta que se han generado obligaciones económicas por encima del presupuesto del acuerdo de encomienda que han de ser atendidas y ante la omisión de la función interventora, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que el Consejo de Gobierno adopte decisión al respecto, al amparo del artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, previo informe de la Intervención General, por lo que procede elevar al Consejo de Gobierno, el reconocimiento de las obligaciones, para su consideración.

La Consejería de Bienestar Social precisa la autorización del reconocimiento de obligaciones por importe total de 353.074,58 €, que puedan derivarse de la omisión de fiscalización en la concesión de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en la provincia de Albacete, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.04/G/313D/46131 y 27.03/G/313D/46134 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.

De las resoluciones emitidas, que se relacionan en Anexo adjunto, se ha omitido la fiscalización previa establecida en el artículo 95.a) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, según el cual “el ejercicio de la función interventora comprenderá la fiscalización previa de todo acto susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores”. 

En consecuencia, deberá procederse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, a cuyo tenor, en los supuestos en los que la función interventora fuese preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones, hasta que el Consejo de Gobierno adopte decisión al respecto, previo informe de la Intervención General. 

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar, un gasto de la Consejería de Desarrollo Sostenible por importe de un millón trescientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y tres euros, con tres céntimos, 1.335.883,03 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2306G/722A/73000, fondo 0000000693, de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020, en concepto de reintegro de fondos finalistas, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, derivados de la Orden 75/2019, de 16 de mayo, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible y de conformidad con el artículo 4.2 del Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”.