En el ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La-Mancha,  se dictó la Ley 4/1999, de 31 de marzo, del Juego de Castilla-La Mancha, con el propósito de regular de forma adecuada todas y cada una de las actividades referidas al juego, teniendo en cuenta las distintas circunstancias sociales, económicas y administrativas de nuestra región. Sin embargo, la irrupción de las nuevas tecnologías, y el establecimiento de nuevos sistemas de comunicación interactivos, hizo necesario aprobar un nuevo marco normativo capaz de dar respuesta, de manera más fexible, a esta nueva realidad económica y social, variando incluso las soluciones que se han venido adoptando cuando éstas, como consecuencia del desarrollo técnico o las nuevas necesidades de entretenimiento, se han convertido en obsoletas, que se plasmó en la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las apuestas de Castilla-La Mancha.
La razón de la elaboración de esta nueva Ley, descansaría en potenciar más las medidas de control en el ejercicio de la actividad del juego, por medio, entre otros instrumentos, de la concreción de los principios del juego y, en particular, las políticas de juego responsable, para conseguir sensibilizar  y concienciar al conjunto de la sociedad sobre las consecuencias de una práctica inadecuada del  juego, especialmente relacionadas con los riesgos de la ludopatía, al tiempo que apoyar actitudes de juego moderado, no compulsivo y responsable. La nueva norma pone su foco en la protección de los usuarios y, muy especialmente, de los colectivos más sensibles.
La presente publicación se realiza en cumplimiento del artículo 12.1 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.