Castilla-La Mancha ha sido pionera a la hora de abordar el reto de la despoblación con la aprobación de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, cuyo objeto es garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible.
 
Dicha Ley, establece en su artículo 8, apartado 1, la obligación de incorporar un informe de impacto demográfico en los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de disposiciones reglamentarias que las desarrollen, así como en la elaboración de planes y programas que se tramiten por la Administración Regional.
 
El informe de impacto demográfico es una obligación y un elemento de mejora en el proceso de elaboración normativa y de las políticas públicas. Pero más allá de esta obligatoriedad, es necesario destacar que es un instrumento de enorme utilidad de cara a identificar y valorar los diferentes efectos y resultados de una norma o de una política pública en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el objeto de establecer las medidas para adecuarlas a la lucha frente a la despoblación.